El abogado penalista Gonzalo Silva, informó que en caso de existir una muerte cruzada, el Presidente de la República es el único que puede solicitarla mediante un decreto ejecutivo, aduciendo desorganización institucional o conmoción social. Sin embargo dijo que en las actuales condiciones donde Lenín Moreno tiene índices de popularidad bajos, esa premisa es cuestionable.

“El Presidente estará en estas condiciones de convocar una muerte cruzada visto los índices de popularidad bajos y factores como el incremento de inseguridad, incapacidad de prevenir los delitos de parte de los organismos de control que no se han elegido en su totalidad, inseguridad jurídica, además de que no están los órganos de control debidamente institucionalizados”

Sumado, según Silva, a un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que se burló de la consulta popular del 2018 pues se permitieron ocupar seis meses para “evaluar a los devaluados” y se procedió a encargar a las instituciones más importantes como Fiscalía, Judicatura, Corte Constitucional, entre otros a personas que venían de procesos que ellos cuestionaban por amañados.

De ahí que auguró que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana elegido en las elecciones del 24 de marzo podría declarar los procesos de elección de autoridades como ilegales y nulos por ser considerados viciados.

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