Esta nota fue publicado Jueves, 25 de mayo 2017: Pocas horas antes de dejar el cargo, el expresidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet.

El documento ingresó a la Secretaría General de la Legislatura a las 20:00 del miércoles, según el sello oficial de recepción.

En la exposición de motivos, Correa señala “el creciente ánimo de confrontación, por sobre el debate civilizado” en las redes sociales, así como la posibilidad de estafas u otro tipo de ilícitos en la red.

Sin embargo, se enfatiza en que internet podría ser usado como “medio para la realización de actos discriminatorios y la comisión de delitos de odio”. Y agrega “la difamación a través de las redes sociales se podría manifestar en insultos o expresiones de descrédito, motivadas en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, o cualquier diferencia física”.

Por ello, el proponente exmandatario sostiene que esos actos “no deben estar exentos de intervención administrativa y penal”.

El artículo 1 señala que “la presente ley se aplicará a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de internet, o tecnologías de similar naturaleza, que permitan a los usuarios compartir contenido con otros, o difundirlo públicamente; y que alcancen los 100 mil usuarios registrados de la República del Ecuador”.

En Ecuador existen once millones de usuarios en Facebook y 700 mil en Twitter, y así lo refleja el documento.

Reacciones

Alfredo Velazco, director de la organización Usuarios Digitales, explicó que esos proveedores son, precisamente, las empresas multinacionales Facebook, Twitter, Instagram y otras. “Por ello me sorprende que el proyecto incluso plantee la obligatoriedad de que estas presenten informes”.

El artículo 7 señala que “un agente interno” designado por los proveedores de redes sociales presentarán los informes “a la autoridad administrativa” y comunicarán de hechos delictivos a la Fiscalía.

Sanciones

En el capítulo de sanciones se contempla que el Ministerio de Justicia imponga, por infracciones administrativas, multas de entre cien y mil salarios básicos.

Velazco considera que el proyecto no solo que es inaplicable, sino que muchas de sus disposiciones -por ejemplo las referidas a la discriminación- ya están reguladas en la legislación ecuatoriana.

“Parecería que lo que se quiere es regular los contenidos de manera discrecional”, señaló.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe conocer y calificar este documento y determinar a qué comisión le corresponde su tratamiento.

Regular redes sociales

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here