En medio de protestas a favor y en contra del proyecto minero Río Blanco, a las 09:00 de este lunes inició la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia que suspendió todas las actividades en el campamento ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha.

Los exteriores de la Corte amanecieron rodeados por un amplio piquete policial que separó a los manifestantes. Aún así, previo a la instalación hubo golpes e insultos entre los manifestantes.

Para liderar la defensa estatal llegó a la ciudad el viceministro de Minería, Henry Troya, quien aseguró que la sentencia emitida el 5 de junio pasado no vulnera los derechos de la ciudadanía por lo que espera que se mantenga la independencia de funciones.

Pero el abogado defensor de las comunidades presuntamente afectadas, Yaku Pérez Guartambel, aseguró que tienen todos los elementos jurídicos para reafirmar la primera sentencia. Tanto en Derecho como en Tratados internacionales.

La audiencia se instaló en la Corte Provincial de Justicia y es analizada por el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil, conformado por los jueces Édgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Zhindón.

El antecedente a esta audiencia es que el pasado 5 de junio el juez de lo Mercantil, Paúl Serrano, falló a favor de las comunidades con el argumento principal que la compañía minera china Ecuagoldmining South America S.A violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución.

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El proyecto minero Río Blanco comprende 5.708 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. La concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. Se calcula una producción diaria de 800 toneladas de oro principalmente, por lo cual el proyecto está catalogado como de mediana minería.

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