La avalancha de procesos judiciales abiertos por los afectados tras el rescate y posterior venta del Banco Popular al Santander ha incorporado cinco grandes fondos de inversión, que han presentado recursos contencioso administrativos contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la Audiencia Nacional.

El más importante de ellos es la firma estadounidense Pimco, además de Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital, representados por el bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel. Entre todos ellos habrían perdido unos 850 millones invertidos en el Popular a través de bonos, en nombre de fondos de pensiones y otros inversores institucionales y minoristas.

El recurso no tiene el objetivo de ver restituidas esas pérdidas, según señalan en el despacho de abogados que representa a los fondos, sino que forma parte de una estrategia legal más amplia que confía en obtener la máxima claridad en torno al proceso de liquidación del banco, y recuperar los fondos perdidos, porque, en su opinión, la resolución del FROB carecía de la motivación necesaria para actuar. De esta forma, se habría impedido a los afectados evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión final de las autoridades.

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