La última corona que entrega el gobierno actual de Lenin Moreno a las empresas, es el perdón de una deuda que supera los 4.5 millones a la empresa corrupta y corruptora, “Odebrecht“.

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Todos estos valores suman más 7.000 millones de dólares.


Información recogida de (Andes)

Grandes grupos económicos adeudan al Estado ecuatoriano alrededor de 2.600 millones de dólares

Según analistas, si los grupos económicos pagan su deuda se podría financiar los programas gubernamentales como el Plan Toda una Vida

De los 4.500 millones de dólares pendientes en proceso de juicio en el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, al menos unos 2.600 corresponden a las deudas de grandes grupos económicos con el Estado.

La revisión tributaria prevista en el programa económico del presidente Lenín Moreno implica, para  las grandes empresas que se examine el 100% de los intereses, multas y recargos, pero con un plazo de 90 días, siempre y cuando estas desistan de continuar con acciones legales  a nivel nacional e internacional.

Pablo Iturralde, Director Ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), señaló a Andes que la cantidad significativa que deben los grupos económicos y la tolerancia para que paguen se debe a que estos grupos tienen la capacidad de control del mercado y de las ventas.

“El poder económico que tienen es reflejo del poder que tienen para presionar sobre autoridades políticas, es la única manera cómo se puede entender que se espera a estos grupos entre 5 a 8 años por montos que son en decenas de millones de dólares”, indicó.

Afirmó que las empresas que más deben al Estado son las petroleras, las agroexportadoras, luego las bananeras vinculadas a un poder de mercado concentrado de activos como tierras y canales de comercialización.

Iturralde destaca a las importadoras de electrodomésticos, alimentos,  las grandes cadenas comerciales. Le siguen las bananeras, exportadoras, y los bancos a su criterio constan como un grupo deudor importante.

“Son un actor muy relevante, con un nivel más bajo de deudas en relación a otras empresas que deben muchísimo al Estado, mientras Banco Pichincha debe 42 millones; Andes Petroleum debe 1.000 millones”, indicó.

El funcionario manifestó que existe una vía legal para cobrar a partir de las medidas que están previstas en la ley, desde sanciones hasta embargo de bienes, y afirmó que la negociación eleva el estatus de un deudor a un actor en negociación y que la remisión de deudas va contra el principio de progresividad.

“Los grupos concentrados deben aportar más en relacionan con  la población que menos tiene, los recursos que dejan de pagar los grupos económicos hay que obtenerlos por otras vías y generalmente con el cobro de impuestos a la clase media, sectores populares, que contribuyen al estado mediante el pago del IVA, servicios públicos u otros impuestos indirectos”, remarcó.

Sugirió que se establezca un esquema que fortalezca la progresividad para que paguen lo justo los sectores con más recursos y señaló que la propuesta de varios grupos empresariales de que si tienen menos impuestos generarán más empleos “es un pensamiento caduco que exigen desde hace décadas, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la Cepal y el mismo Fondo Monetario Internacional solicitan que se cobre más a quienes más tienen”.

Iturralde insistió en que las empresas que deben al Estado el 2% del Producto Interno Bruto (PBI)  negocian directamente y ponen en riesgo la perspectiva nacional porque los impuestos son un mecanismo para garantizar salud, educación, bienestar social, ya que cuando no se paga, se vulneran derechos. Mientras, aclaró, el debate sobre la calidad del gasto para que no exista corrupción es otro debate.

En tanto, Jaime Cabezas, docente de Economía de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y Máster en Economía por INCAE Business School (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), indicó en entrevista con esta agencia que para que se paguen los impuestos, el Estado tiene la fuerza y el poder de coerción,  es decir el poder de coactiva.

“Si fuera empresario, si veo que me es conveniente en vez de litigar pagar una parte de la deuda es menos costoso que una discusión jurídica, podría llegar a un acuerdo de aceptar la amnistía tributaria”, apuntó.

En su criterio, la “enfermedad del ‘estatismo’” para que los que más tienen paguen más, ha generado una baja productividad, y señaló que cuando se retiran recursos, se corta que los empresarios los reinviertan y capitalicen, que es la única forma de que se agrande el tamaño de las empresas.

“Esto no significa no cobrar hay que pensar profundamente hasta donde va a llevar esto, Europa se encuentra enfrascada en una baja productividad, íntimamente asociada con la descapitalización cuando redistribuye se gasta hoy lo que nos podría hacer más ricos a todos en el futuro”, expresó.

Explicó que cuando los empresarios hacen dinero agrandan las empresas y pueden generar más empleos, en cambio, “si se destruye ese valor, se ataca a la fuente de riqueza. “No hay que matar a las gallina de los huevos de oro”, aseveró.

Por su parte, el legislador por Alianza PAIS Mauricio Proaño dijo a este medio que es fundamental cobrarle a los grupos económicos, que suman 217 y adeudan alrededor de 2.260 millones de dólares, cifra que, según declaró la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, no debe mantenerse como un ‘stok de juicios’.

Proaño manifestó que existen juicios que se prolongan en algunos casos más de cinco años y que no es cuestión de que se les cobre más impuestos, sino que paguen lo justo y que la presión fiscal, por ejemplo, en el caso de un banco en Ecuador es de 1,7%, es la más baja de América Latina.

El asambleísta sostuvo que si de esa cifra se recuperarían al menos 3.000 millones de dólares “quedaría cubierto el Plan Toda una Vida que vale 1000 millones, la Minga Agropecuaria y otros programas del gobierno”.

Señaló por otra parte que se estima entre 30.000 a 56.000 millones de dólares salieron desde Ecuador hacia paraísos fiscales, lo cual perjudica el desarrollo del país.

Estimados oficiales indican que en los paraísos fiscales permanecen unos 30.000 millones de dólares que representan la tercera parte de la economía ecuatoriana, y más de su 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa cifra se calcula que a escala mundial 7.6 billones de dólares.

En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que esta región tiene un déficit de inversión en infraestructura de más de 180.000 millones de dólares al año, y de ahí la importancia de que los recursos sean retornados a sus lugares de origen para que sean invertidos y puedan superarse los escollos al desarrollo.

“Muchos de esos dineros salen por evadir impuestos, incluso en la web del SRI aparecen los nombres de las personas que tienen dinero en paraísos fiscales porque eso es público, se imagina el país con personas que paguen sus impuestos de 4000 millones y más de 30.000 millones que tienen afuera no necesitaríamos endeudarnos más”, indicó el legislador Proaño.

Dijo, sin embargo, que Ecuador es el país con menos presión fiscal de América Latina y que estudios de la Cepal y de las Naciones Unidas han manifestado que la reducción de impuestos no mejoró ni la tecnología, ni la innovación y redujo la pobreza.

Empresarios europeos y estadounidenses advierten que es adecuado cobrar impuestos y no reducirlos para que los Estados puedan garantizar la provisión de servicios de salud, educación, vialidad, por ejemplo.

Información recogida de (ElComercio)

El Servicio de Rentas Internas rastrea a 512 empresas fantasmas que ejecutaron, por una década, transacciones ilegales para facilitar el contrabando, la evasión de impuestos y otros delitos fiscales.

En la zona industrial, ubicada en el norte de Quito, en la esquina de la avenida Galo Plaza y De los Ciruelos, se encuentra un complejo que reúne a unas seis empresas. En esa dirección estaba registrada una compañía dedicada presuntamente a la venta, al por mayor y menor, de maquinaria para la industria alimenticia. Pero en una visita realizada por este Diario, el 28 de octubre de 2017, un trabajador del lugar indicó no haber oído acerca de esa firma en los dos años que labora.

Pese a ello, según datos de la Superintendencia de Compañía, la empresa registró actividades entre el 2012 y el 2016, e incluso reportó haber factu­rado ventas por USD 13 millones en ese período.

Precisamente, los primeros casos de empresas fantasmas se evidenciaron a partir de operativos de rutina que realiza el SRI. Se trata de la verificación de domicilios, ingresados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Pero luego, gracias a la incorporación de otros mecanismos, el SRI pudo establecer que no eran casos aislados sino una práctica común. Entre las herramientas está el ‘big data’ para el cruce de información con otras entidades, como el Seguro Social, la Aduana e incluso el levantamiento del sigilo bancario de algunos contribuyentes, un polémico tema que se introdujo mediante reforma legal en el 2012.

El cruce de datos permitió determinar, por ejemplo, que si bien las empresas reportaban haber vendido maquinaria, no había registros de que hayan adquirido estos insumos.

Por ejemplo, una empresa, registrada como productora y comercializadora de material impreso, nunca adquirió hojas, tinta, ni siquiera poseía maquinarias. Otras ofertaban servicios, pero no tenían personal afiliado al Seguro Social.

Con ello, en el último año el registro de empresas fantasmas del SRI creció de 340 casos a 512 hasta este mes, detalló el director general del SRI, Leonardo Orlando. Las empresas fantasmas venden facturas falsas, princi­palmente con tres objetivos.

El primero es la evasión de impuestos. Por ejemplo, una firma comercializadora de bebidas alcohólicas adquiere 10 botellas con factura al consumidor final,pero luego registra la compra de 8, con una factura falsa que consigue de una empresa fantasma.

De esta forma reduce su pago del impuesto a la renta (IR) o altera la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto a los consumos especiales (ICE).

El segundo es el contrabando. El mes pasado, las autoridades descubrieron el caso de dos empresas, una importadora y una comercializadora, que proveyeron de insumos médicos a varias casas de salud en el país, incluido un hospital público. Las empresas presentaron facturas falsas, con precios subvalorados de esos insumos, que eran de contrabando. La subvaloración de mercadería permite declarar compras con valores bajos y luego venderlos a costos más altos. Ambas empresas registraron transacciones por USD 55 millones

Una tercera modalidad se relaciona con actos de corrupción. Una empresa fantasma entrega a un contratista estatal facturas por una servicio no prestado, que luego es utilizado, por un lado, para deducir el pago de impuestos y, por otro, justificar el pago de coimas.

Entre el 2010 y el 2016, las 512 empresas fantasmas reportaron ventas por USD 2 129 millones. Esas compañías están domiciliadas, principalmente, en Guayas, Pichincha y El Oro.

El perjuicio al Fisco por el funcionamiento ilícito de estas empresas alcanza USD 655 millones, de los cuales se ha logrado recuperar 367 millones, según detalló el subdirector del SRI, Guillermo Belmonte.

Un 57% de empresas fantasmas reportaron como actividad principal el comercio al por mayor y menor y la reparación de vehículos y motos; y la construcción e inmobiliaria. Le siguen los sectores como industria manufacturera y actividades profesionales, científicas y técnicas.

Por otra parte, según datos de la autoridad tributaria, unas 15 719 personas y empresas se beneficiaron de los servicios ilegales. La mayoría de los sectores de la construcción y de actividades profesionales. Hasta ahora se han judicializado unos 200 casos. Belmonte dijo que ya hay detenidos, quienes podrían enfrentar una sanción de 3 a 5 años de pena privativa de libertad, por el delito de defraudación establecido en el Código Integral Penal.

 

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